Integral, es decir, abarca a un conjunto complejo de dimensiones de la empresa.
Gradual, puesto que se presenta como un camino de excelencia a seguir.
Proporcional , ya que la expectativa de su ejercicio y aplicación tiene una relación directa con el tamaño de la empresa y su correspondiente poder o capacidad de influencia en el mercado.
Entre los principales intereses de este público interno se encuentran el incrementar su nivel de ingresos y ganancias, así como también obtener mayor prestigio y poder.
Buscan consolidarse en la empresa, realizar un plan de carrera, obtener mayor reconocimiento y un sueldo justo.
Los principales intereses de este grupo interno suelen girar en torno a un mejor estatus, mayor reconocimiento e incremento en los ingresos.
Su interés se centra, principalmente, en obtener altos ingresos por su inversión.
Su principal interés está relacionado con la calidad del producto o servicio y su relación con el precio.
Este grupo de interés externo se suele enfocar en establecer relaciones sólidas con los negocios y mantener un comportamiento responsable de pagos.
El interés de este público externo es entablar una sana competencia, respetando reglas de juego.
Espera que la empresa realice buenas prácticas y que tenga un impacto positivo en el medioambiente y la comunidad en general.
Lo que espera este grupo es que la empresa integre acciones de responsabilidad social en su organización, cumpla con las normas y genere un crecimiento económico y desarrollo sostenible.
La relación principal de este grupo se basa en las inversiones que realizan dentro de la empresa y el poder e influencia que poseen dentro de la misma. Tienen la opción de aprobar o desaprobar decisiones importantes para la organización.
Los agentes que corresponden a este grupo son parte del núcleo principal en la mayoría de las empresas, ya que contribuyen de distintas maneras a su buen funcionamiento. Una empresa responsable es aquella capaz de establece r distintas alianzas y colaboraciones con distintos agentes económicos.
Estos stakeholders primarios representan una pieza clave dentro de la organización, ya que su buen desempeño impacta de manera directa en los objetivos y metas de la compañía. Por esta razón es indispensable lograr que se sientan escuchados, reconocidos y se mantengan alineados a la visión de la empresa.
Este grupo es vital ya que, de ellos depende la viabilidad o sostenibilidad de la empresa. En otras palabras, aquel negocio que no logre que su producto o servicio capte la atención de este público de interés, estará condenado al fracaso.
Estos stakeholders secundarios hacen referencia a todas aquellas empresas que ofrecen un producto o servicio similar al de un determinado negocio. Al margen de las reglas que protegen la actividad económica, una empresa responsable será aquella capaz de llegar a entendimiento y colaboraciones sinérgicas con sus competidores como mejores conocedores de la realidad del negocio y sus posibilidades de desarrollo yendo de la mano.
Este grupo de interés amplio se ve afectado por el impacto que tienen las actividades de la empresa en el medio ambiente, la economía y la sociedad. Por esta razón es indispensable que toda organización cumpla con realizar acciones de RSE.
Estos agentes son los encargados de comunicar sobre las acciones o actividades que realiza la empresa. Es necesario que cuenten con información clara y transparente, ya que esto permitirá que transmitan una imagen positiva de la compañía.
Este stakeholder secundario incluye organismos que tienen diversos intereses relacionados a la regulación, legalidad, respeto, etc.
Esperarán de nuestra empresa alguna colaboración económica o de otra índole, entendiendo que ésta es un agente social más con un marcado comportamiento solidario y ético frente a las adversidades de otros colectivos.
Está basada en el acceso a la información que la organización proporciona sobre su comportamiento social y que es permeable a las expectativas de la sociedad
Las actuaciones socialmente responsables de la entidad deben someterse a una verificación externa. La verificabilidad está fundamentada en la posibilidad de que expertos independientes puedan comprobar las actuaciones de la empresa
La RSE va ligada estrechamente a la idea de gestión continuada que tiene por objetivo principal la permanencia de la organización en el mercado
Supone que la organización debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la toma de decisiones, afrontando todas las dimensiones de la RSE, así como todas sus actividades e impactos, directos e indirectos
La organización debe centrar sus objetivos de responsabilidad social empresarial en el contexto de sostenibilidad más amplio posible. Debe considerar el impacto que produce a nivel local, regional, continental y global, con un sentido claro de legado para futuras generaciones
La RSE está arraigada en la creencia y reconocimiento de la naturaleza social de las organizaciones, como valor que prevalece sobre cualquier otra consideración de tipo económico o técnico. Destaca el valor y el papel del ser humano como ente individual y social, origen y fin de la organización
Las empresas deberían apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente. Es de sentido común. Si un empleador actúa de una manera que infringe los derechos humanos de los trabajadores está perjudicando la productividad del personal. Existen medidas muy simples que un empleador puede adoptar para asegurarse de que sus trabajadores reciben un trato digno. Del mismo modo que las empresas esperan que se respeten sus derechos, los trabajadores no esperan menos de su empleador.
Asegurarse de que no son cómplices de abusos de los derechos humanos. Las empresas no deberían aprovecharse de situaciones en que se estén produciendo abusos de los derechos humanos, o utilizar esto como pretexto para actuar indebidamente. Las empresas no sólo no deberían rebajarse a este nivel de complicidad sino que, a través de su comportamiento, deberían tratar de mantener y restaurar el reconocimiento social de
tales derechos.
Las empresas también pueden propagar entre sus proveedores la consigna de que ha de observarse un comportamiento correcto, y ocuparse de los abusos que pudieran perjudicar su reputación ante el personal y la clientela.
Las empresas deberían defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Como se indicó anteriormente, este principio laboral y los que se mencionan más adelante se han extraído de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, y por tanto deben considerarse en dicho contexto. En primer
lugar, la referencia a la libertad de asociación no quiere decir que se abran las puertas a los sindicatos o que se obligue a la gente a afiliarse a éstos. Se trata de una cuestión de respeto. Si un trabajador escoge libremente afiliarse a un sindicato, este principio le pide a la empresa que respete esa opción. Del mismo modo, si un trabajador decide libremente no afiliarse a un sindicato, esa decisión también debe respetarse. Se pide a las organizaciones que no ejerzan una influencia indebida sobre la decisión de un trabajador.
En lo que atañe a la negociación colectiva, el Pacto Mundial no espera que el empleador altere el marco de las relaciones laborales; no obstante, muchas organizaciones líderes reconocen la utilidad del diálogo y la negociación para lograr la competitividad. La
negociación colectiva ha de ser una cuestión de libre elección. Sólo puede darse si la
empresa está de acuerdo. El Pacto Mundial no le exige estar de acuerdo.
Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. Este principio se refiere tanto a problemas ligados al trabajo en régimen de servidumbre, que implica el trabajo en pago de una deuda, como a situaciones de trabajo forzoso. Afirma que los trabajadores tienen derecho a ser remunerados por su trabajo, con dinero y no en
especie; que deben prestar su trabajo libremente; y que, si así lo desean, pueden renunciar a su trabajo de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales. No deberían estar encerrados en su lugar de trabajo ni quedar expuestos a la violencia en el mismo.
Abolición efectiva del trabajo infantil. La OIT adoptó un convenio sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (Convenio número 182), y el primer objetivo han de ser los principios recogidos en ese instrumento. Los niños representan la fuerza laboral del futuro. Puesto que la calidad de la fuerza de trabajo determina tanto la competitividad de las empresas como la del propio país, el hecho de mantener a los niños
en el empleo en lugar de educarlos socava la competitividad futura.
Las empresas no deberían recurrir a modalidades socialmente inaceptables del trabajo infantil, que llevan al niño a perder sus oportunidades de educación. Es preciso encontrar un equilibrio en virtud del cual, si un niño tiene que trabajar, no tenga que hacerlo en un entorno de explotación o peligro, sino en un entorno en que se atiendan sus necesidades educativas. Sin embargo, como objetivo a largo plazo, las empresas tienen que considerar la manera de que, tanto ellos como la sociedad en la que viven, reemplacen a los niños
que forman parte de la fuerza laboral a fin de proteger la vida de esos niños y contribuir al
desarrollo del capital humano de la sociedad.
Eliminar la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. Esto sólo exige a las empresas contratar a las personas en base a su capacidad para realizar el trabajo que requiere el puesto que ofrecen. Si, en lugar de ello, basan la contratación en el género de las personas, la raza, la religión u otros prejuicios, significa que están
perjudicando a su negocio. Los ascensos también deberían basarse en el mérito de las personas. Existen sobradas pruebas de las consecuencias positivas de las prácticas no discriminatorias sobre la productividad y la rentabilidad de las empresas. Este principio le pide a las empresas que, en su forma de conducirse, no caigan en la trampa de los
prejuicios.
Las empresas deberían apoyar un enfoque preventivo ante los retos medioambientales. La obligación relativa a la legislación medioambiental recae sobre los gobiernos nacionales y seguirá siendo de actualidad el debate en torno a lo que se
entiende en la práctica por un enfoque preventivo.
No obstante, para las empresas significa, en términos prácticos, que deberían guiarse por
criterios científicos fiables en cuanto a las posibles repercusiones medioambientales de un
determinado producto o proceso. No debería exigírsele a la empresa lo que resulta imposible en la práctica; a saber, demostrar que un determinado producto o proceso no tendrá repercusiones medioambientales negativas. Antes bien, basándose en su propia valoración, fundada en criterios científicos fiables, y en su propia evaluación del riesgo; en ausencia de pruebas científicas de que un determinado producto o proceso pueda resultar peligroso, debe sentirse libre para atender la situación con apego a lo dispuesto en la legislación nacional.
Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad medioambiental. La respuesta en este apartado depende de las características y del
tamaño de la empresa. Sin embargo, al aplicar políticas y prácticas medioambientales
responsables, las empresas mejoran la productividad y dan ejemplo a los demás. Se
alienta a las empresas a pronunciarse en favor de la responsabilidad medioambiental dentro de su red de contactos comerciales.
Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Se insta a las empresas a estudiar el uso y el desarrollo de tecnologías respetuosas del medio ambiente, que no sólo benefician al medio ambiente local y
mundial, sino que mejoran, además, su eficacia y productividad. Las tecnologías respetuosas del medio ambiente contribuyen a garantizar que el aire y el agua, así como los recursos naturales, sean accesibles a un costo razonable. Las empresas deberían empeñarse en el perfeccionamiento continuo de las tecnologías respetuosas del medio ambiente.
Las empresas deberán trabajar contra la orrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Este décimo principio se incorporó a raíz de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en diciembre de 2003, y pretende fortalecer los valores fundamentales del estado de derecho, la honradez, la responsabilidad, la integridad y la transparencia. También aborda la cuestión de la desconfianza en las instituciones generada por la corrupción y de sus consecuencias en términos de deslegitimación" del gobierno.
En la Convención se reconoce que la responsabilidad de adoptar medidas contra la
corrupción incumbe a los gobiernos. Sin embargo, también se reconoce que tanto el sector privado como la sociedad civil tienen un papel que cumplir en este ámbito. Un cometido primordial es la promoción, el apoyo y la instigación a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones derivadas de la Convención, así como la exigencia de 35 responsabilidades a los gobiernos por sus acciones. A través de este principio, las empresas también pueden contribuir a garantizar que se establezca el entorno de estabilidad y seguridad que requieren las inversiones para producir beneficios. A través de la lucha contra la corrupción, las empresas pueden enfrentarse a las distorsiones del mercado que ésta genera, y contribuir a la creación de un entorno de igualdad de oportunidades.